Los sindicatos comprados por el gobierno de ZP

El Gobierno beneficia a los sindicatos amigos: Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han  encontrado una nueva vía de financiación: las pensiones de los trabajadores de la  Administración del Estado  Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de financiación: las  pensiones de los trabajadores de la Administración del Estado. Ambos sindicatos son  accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestionará dicho plan de pensiones, que  antes de noviembre recibirá una primera aportación de dinero público de 55 millones de euros.  Además, ha existido una ‘autocontratación’ apoyada por el Gobierno, ya que los sindicatos  formaron parte de la comisión que adjudicó el contrato.  Comisiones Obreras y UGT son organizaciones que viven del dinero público. Los ingresos que  aportan las cuotas de sus afiliados equivalen a una mínima parte del presupuesto de gastos, lo  que les obliga a buscar fuentes de financiación externas. El último recurso que han encontrado  es el plan de pensiones de la Administración del Estado, cuya gestión ha sido adjudicada a una  empresa de la que son accionistas ambos sindicatos. Si ya resulta sorprendente que se  dediquen a hacer negocio con las pensiones, aún lo es más la forma en que se eligió a la  gestora del plan: CCOO y UGT formaron parte del órgano de contratación y, al mismo tiempo,  son dueños del 30 por ciento de la empresa contratada. Y todo con el apoyo del Gobierno  socialista, cuyos representantes votaron a favor de la autocontratación sindical.

Este plan de pensiones es el mayor de toda España por número de partícipes, 530.000  trabajadores de la Administración, cifra que incluye a altos cargos, funcionarios de carrera e  interinos y personal contratado. La única condición es que tengan una antigüedad de dos años.  Para tener una idea de la magnitud de este fondo, basta indicar que a finales del pasado año  no llegaba a 700.000 el número de españoles que contaban con un plan similar. 

El Gobierno deberá realizar una aportación inicial de 55 millones de euros antes de noviembre  y, a partir de 2005, contribuirá con una cantidad anual que se fijará en los Presupuestos  Generales del Estado. Los trabajadores podrán, por su parte, efectuar ingresos individuales.  El origen de este plan de pensiones privado está en un acuerdo alcanzado, en noviembre de  2002, por el Gobierno del PP y los sindicatos. La adjudicación del plan se le encomendó a una  Comisión Promotora, que estaba formada por 22 miembros, 11 representantes de la  Administración y 11 de los trabajadores. De estos últimos, 4 eran de CCOO, 4 de UGT y 3 de  CSI-CSIF.

El 5 de abril de 2004, se publicó en el BOE el anuncio del concurso deadjudicación. En total, se  presentaron siete ofertas lideradas por las principales entidades financieras: BBVA, La Caixa,  Caja Madrid, Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell y la Confederación Española de Cajas  de Ahorro (CECA).  El interés de los grandes bancos del país es más que comprensible, ya que los planes de  pensiones de los funcionarios son los que cuentan con mayor patrimonio en todo el mundo. Así  que el asunto olía claramente a negocio.

Las entidades financieras actúan como depositarias  del dinero y para el concurso iban acompañadas de una gestora de fondos, en todos los casos  controlada por el banco respectivo. Esta gestora obtiene sus beneficios de las comisiones que  cobra.  En una primera selección quedaron eliminadas las ofertas de Caja Madrid, Banco Popular y  Banco Sabadell. Finalmente, el pasado 6 de julio, la Comisión Promotora adjudicó el concurso  a la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, cuyo accionariado está formado de la siguiente  forma: 70 por ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT. Ambos sindicatos son  también accionistas de Fonditel, otra gestora que quedó finalista. Gestión de Previsión y Pensiones es una empresa que genera importantes ganancias anuales.  De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Madrid, en 2002  obtuvo unos beneficios de 1,3 millones de euros. El 70 por ciento de esta cantidad se destinó a  reparto de dividendos. O sea que, al menos en este caso, Comisiones y UGT actúan como  empresarios que cumplen con la máxima de la acumulación de capital.

La versión de Sevilla

De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones y sobre contratos  públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser ilegal, ya que están obligados a  abstenerse en el proceso de contratación quienes tengan intereses en las empresas  adjudicatarias. Por tanto, los ocho miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no  podrían haber participado en la decisión.

Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantiene que la adjudicación es  “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene naturaleza privada”. Es más, el  portavoz del ministerio que dirige Jordi Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos  estén en el accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar y  defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe cualquier persona  que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de mercado, resulta incorrecta: el control  de la gestión corresponde a los miembros del consejo de administración, mientras que los  accionistas son los dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos. Para  controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista.

En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se apoya en un informe  elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe, que obra en poder de interviú, se  concluye que la Comisión Promotora del plan de pensiones “no es un órgano de la  Administración Pública”. En consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora  deben someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los Planes y  Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado general del Estado,  Arturo García-Tizón, el pasado 31 de marzo.

Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente que los miembros  de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la opción de someter la adjudicación del  contrato a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP),  como garantía de objetividad y transparencia del proceso”. El ministerio de Sevilla mantiene  que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la autocontratación  practicada por los sindicatos.

La adjudicación ha sido recurrida por dos organizaciones sindicales que la consideran ilegal.  Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con representación en Madrid, anunció el  pasado mes de julio en el diario El Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato.  Además, la Federación de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso  en el mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la Mesa General  de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado una carta al ministro Jordi Sevilla  explicándole las supuestas irregularidades.

La mejor oferta

Miguel Ángel Crespo, representante de CCOO en la Comisión Promotora, defendió en  declaraciones a esta revista la limpieza del proceso de adjudicación. Crespo admitió que, en el  momento de elegir entre las ofertas, sabía que la ganadora estaba participada por su sindicato.  Pero consideró que su actuación no había sido sólo legal, sino también ética: “La propuesta de  Gestión de Previsión y Pensiones era con diferencia la mejor. Si hubiese votado a otra, estaría  actuando en contra de los intereses de los trabajadores. Nuestra obligación era elegir a la  gestora que reuniese las mejores condiciones, y las diferencias eran tan grandes que no existió  ninguna duda. De hecho, la decisión se adoptó por unanimidad”. El dirigente de Comisiones  aseguró que el sindicato no ha realizado ningún cálculo de los beneficios económicos que  obtendrá, gracias al capital que tiene en la empresa que gestionará el plan de pensiones. “Pero  supongo que beneficios sí habrá”, indicó.  Aurelio Palomares, dirigente de UGT, también se declara muy satisfecho con el trabajo de la  Comisión Promotora: “Hemos dado un ejemplo en todo el proceso de adjudicación. Los  documentos, que se pueden consultar, muestran que se actuó con pulcritud”. Además,  Palomares coincide con el Gobierno en destacar que el contrato no tiene naturaleza pública.  Por su parte, un portavoz del BBVA recordó que la empresa adjudicataria es líder en el sector y  destacó la “limpieza y transparencia” del concurso.

El Gobierno deberá decidir ahora si anula el proceso. Salvo intervención de la superioridad,  Administraciones Públicas parece decidida a avalar la adjudicación. Una postura que sentaría  un curioso precedente: la autocontratación, apoyada por los representantes del Gobierno y  pagada con dinero público.

ARTICULO DE MANUEL RICO EN LA REVISTA INTERVIU SEPTIEMBRE DE 2004

Texto: Manuel Rico